El pasado 4 de abril se llevó a cabo la cuarta asamblea en Najaim por el derrame de petróleo ocurrido el 8 y 12 de febrero en el sector Shawit, una tragedia que ha devastado a varias comunidades awajún, afectando directamente sus ríos, sus cultivos, su salud y su forma de vida. Las consecuencias son alarmantes: el agua ya no es apta para el consumo, los alimentos escasean, y han comenzado a aparecer enfermedades extrañas sin explicación médica.
Pese a la gravedad del daño, la respuesta ha sido lenta, fría e insuficiente. Solo después de una presión constante, Petroperú se hizo presente a través de un representante, Juan Cumpa Puican. También acudieron otras autoridades: Santiago Manuin de Acción contra el Hambre, el abogado Gil Inoach del Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA), Jesús Impi Bermeo, gestor cultural, Eduardo Cortez de la Defensoría del Pueblo, Max Samame de OEFA y otras instituciones. Pero la indignación de las comunidades es profunda: no quieren más discursos, quieren acción.
Los Pamuk (autoridades tradicionales) de las 18 comunidades del sector Shawit alzaron la voz, una por una, denunciando las consecuencias visibles e irreparables del derrame. Exigen lo que debería ser obvio:
- Reparación urgente de los suelos y quebradas contaminadas.
- Limpieza inmediata del desastre y medidas reales de compensación.
- Atención especializada en salud para las personas afectadas.
- Registro y acompañamiento real de la municipalidad a las víctimas.
- Provisión de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria.
- Un informe detallado de OEFA, con estudios confiables para iniciar procesos legales.
Uno de los comuneros expresó con crudeza:
“Si dicen que no hay contaminación, vayan ustedes a bañarse, a tomar esa agua y a vivir en nuestras comunidades.”
Durante la asamblea, el pueblo fue contundente:
“¡Exigimos la presencia del presidente de Petroperú! Hasta que no venga, que se paralicen los trabajos del oleoducto. ¡Ya no aguantamos más! ¡Nos han mentido, nos han usado, y no respetan nuestros derechos!”
Tras horas de debate se acordó:
- Un plazo de un mes para que Petroperú y el Estado inicien acciones concretas.
- Si no hay respuesta, las comunidades iniciarán una paralización total.
- OEFA se comprometió a enviar los reportes del sector Condorcanqui al GTAA y al Gobierno Regional.
Pero no es solo este derrame. Los comuneros denunciaron que ya van seis derrames en la zona. ¡Seis! Y muchos ni siquiera fueron limpiados, solo enterrados bajo tierra, donde el crudo sigue filtrándose cada vez que llueve.
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más deben enfermar o morir para que el Estado actúe? ¿Por qué se permite que Petroperú siga operando como si nada mientras nuestras comunidades son envenenadas lentamente?
La paciencia se acaba. La dignidad de los pueblos se defiende.
