Una reciente propuesta legislativa ha encendido las alarmas en comunidades indígenas, organizaciones ambientales y defensoras del territorio. Se trata del Proyecto de Ley N.º 1822/2024-CR, presentado por el congresista Jorge Flores Ancachi, de Alianza para el Progreso, que busca permitir la explotación de hidrocarburos en Áreas Naturales Protegidas intangibles, como el Parque Nacional Bahuaja Sonene, uno de los espacios más biodiversos del país.
Lo más preocupante es que, según reveló el medio OjoPúblico, el legislador admitió que su iniciativa surgió tras una “reunión técnica” con Perupetro, entidad estatal que promueve la inversión privada en hidrocarburos. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la neutralidad y los verdaderos intereses detrás de la propuesta.
¿Qué propone el proyecto?
El PL 1822 plantea modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir, mediante decreto supremo, la exploración y explotación de hidrocarburos en zonas actualmente prohibidas, como parques nacionales, santuarios nacionales o históricos. En la práctica, esto podría abrir la puerta a la actividad extractiva en espacios como: el parque Nacional Bahuaja Sonene, el santuario Nacional Megantoni, parque Nacional del Manu, zonas cercanas a Machu Picchu.
Además, la propuesta otorgaría al Ministerio de Energía y Minas el poder de tomar decisiones clave, debilitando el rol técnico del Ministerio del Ambiente y el SERNANP.
Amenaza a territorios y derechos
Para los pueblos indígenas amazónicos, este proyecto representa una amenaza directa al territorio, a la biodiversidad y a su vida comunitaria. No solo se pone en riesgo el equilibrio de ecosistemas únicos, sino que también se violan principios constitucionales, compromisos internacionales y el derecho a la consulta previa.
Rechazo desde distintos sectores
Organizaciones como la SPDA, DAR y más de 40 colectivos ambientales e indígenas han exigido el archivo inmediato del proyecto, advirtiendo que se trata de una amenaza a la integridad de las áreas naturales más importantes del país. El propio Ministerio del Ambiente ya había declarado inviable una propuesta similar en 2023, impulsada también desde Perupetro.