De acuerdo con la información recogida, la menor de 16 años habría viajado a la capital con la expectativa de trabajar; sin embargo, durante sus labores fue expuesta a condiciones de maltrato que afectaron su bienestar. Tras retirarse del lugar, fue intervenida por la Policía y derivada a la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), siendo trasladada a un albergue como parte de las medidas de protección.
Ante la imposibilidad económica de su madre para gestionar su retorno, el caso fue puesto en conocimiento del GTAA, que inició un proceso de articulación para lograr la restitución familiar de la adolescente. Este proceso fue respaldado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el asesor legal del GTAA, Segundo Herrera, quienes brindaron el soporte técnico y legal necesario. Asimismo, se vienen realizando las investigaciones correspondientes contra la persona involucrada en los hechos, por presunta vulneración de derechos y condiciones de trabajo infantil, con el fin de determinar responsabilidades y evitar que estos hechos queden impunes.
En el marco de las acciones de protección, el MIMP, a través de la Unidad de Protección Especial (UPE Lima), dispuso el traslado de la menor hasta la ciudad de Jaén, labor que fue realizada por la trabajadora social Rosa Jeri.
Desde Jaén, el GTAA, con el apoyo de Tenure Facility en el marco de su compromiso con la defensa de derechos en territorios indígenas, gestionó el traslado de la madre de la adolescente para concretar el reencuentro, logrando finalmente su retorno seguro a la comunidad, donde hoy se encuentra junto a su familia.
Este caso pone en evidencia una problemática que afecta a muchas familias: la necesidad económica que, en algunos casos, conduce a decisiones que exponen a niñas, niños y adolescentes a riesgos fuera de su entorno. Situaciones como estas pueden derivar en escenarios de vulneración de derechos, desprotección o explotación.
En ese sentido, desde el GTAA se recuerda que el Código de Convivencia Comunitaria Awajún establece el derecho de toda persona a la vida, la integridad y la protección comunitaria, así como la responsabilidad de la familia y la comunidad en el cuidado y formación de niñas, niños y adolescentes, garantizando su bienestar dentro de un entorno seguro y acorde a su identidad cultural.
Por ello, se hace un llamado a las familias y a la comunidad Awajún a reflexionar sobre la importancia de proteger a sus hijos, evitando su traslado a lugares lejanos sin las garantías necesarias, y fortaleciendo alternativas dentro del propio territorio que permitan su desarrollo sin poner en riesgo su integridad.